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[Chile] Documento | ‘La reestructuración de los aparatos represivos y la crisis neoliberal’

Enviado al correo por PortalOACA.

“… la aplicación de medidas de control masivas e intensivas por parte del Estado es una característica necesaria de la sociedad civil (es decir, la sociedad de clases) por el simple hecho de que la clase de los pobres y la masa indigente generada por la sociedad civil representa al mismo tiempo una amenaza para la propiedad privada y el comercio, lo que hace que la sociedad civil se torne insegura. El Estado por lo tanto, debe controlar -volver segura- la sociedad civil. (Neocleous, Mark. 2000. P. 93)

En el último tiempo hemos visto como el gobierno de turno en conjunto a la totalidad de la clase política ha impulsado un plan para hacer una reestructuración de los aparatos represivos. En efecto, oficialismo y oposición se han encontrado de acuerdo con una nueva institucionalidad represiva que entregue herramientas que permitan enfrentar los embates del movimiento social, que con el ciclo de protestas sociales nacidas el 2006 y agudizadas desde el 2011 en adelante, han traído una desestabilización del orden neoliberal en el Estado chileno.

Para mantener el orden, el sector dominante no titubea y ve cualquier grupo que cuestione su “normalidad” como una amenaza, estigmatizando y reprimiendo sus ideas y acciones. Por tanto, el Estado, que no puede verse disminuido en poder, ataca la resistencia al neoliberalismo con leyes más severas que criminalizan el accionar social autónomo. Precisamente, como se ha visto a lo largo de la historia, cualquier elemento que desajuste el statu quo es visto con preocupación y hostilidad, trayendo reacciones represivas y un perfeccionamiento del propio capitalismo.

Surge una búsqueda de profesionalización de la represión y el reimpulso de instituciones relegadas a segundo plano desde el fin de la dictadura. La recomposición del tejido social incomoda a lxs poderosxs quienes no quieren soltar su gran tajada. El plan del gobierno y las reformas institucionales y legales que buscan dotar de herramientas y capacidades nuevas a policías y fiscales no son más que el reflejo de un orden social que no puede sostenerse sin una represión sistemática de los grupos opositores más radicales.

El resurgimiento de un movimiento social anticapitalista amenaza su orden y poder. El sistema capitalista, un modelo de dominación que se sostiene con la explotación de la gran mayoría para sostener los privilegios de una minoría, por naturaleza mantiene un equilibrio frágil debido a la dialéctica relación que se da entre oprimido-opresor. Los mecanismos de seguridad, por tanto son claves para imponer el orden capitalista que busca domesticar y mantener a raya los desvíos de la “normalidad”.

El ‘orden’ debe entenderse no sólo como la ausencia de disturbios o el estado generalizado de paz y tranquilidad en las calles, sino como la aceptación de la relación capital-trabajo, el predominio del capital sobre la clase trabajadora.” (Neocleous, Mark. 2000. P. 150)

Las modificaciones a la Ley anti-terrorista –heredada de la dictadura– buscan, por cierto, poner en el centro del ojo policial a cualquiera que opine diferente al Estado. Difundir y hacer propaganda de ideas o hechos tipificados como terroristas, anti-sistémicos o fuera de lo socialmente correcto, serán su objeto. Con estas se persigue la criminalizar cualquier organización y/o individuos con prácticas no acordes a la disciplina capitalista. Vienen a continuar el cambio de perspectiva que impuso el fin de la dictadura con sus nuevas técnicas de contrainsurgencia.

El terrorista, en tal sentido, en la actualidad se define por sus flujos. Los mecanismos de poder han ido evolucionando hacia una regulación del de la circulación, del movimiento y no solo buscan normar el cuerpo. Por ello, las modificaciones que se avecinan no vienen más que a consolidar una técnica gubernamental, que se inicio en Chile con “La Oficina”. El castigo, dígase el encierro, tiene como objeto ser un ejemplo hacia la población más que apuntar al terrorista en sí. En efecto, se fue perdiendo la importancia encontrar a los culpables, aunque se persigan de forma feroz, sino que lo verdaderamente relevante es mostrar los valores “socialmente” aceptados, lo “normal”, que no es más que los valores que permitan el buen funcionamiento del sistema capitalista (1).

En la región chilena, estas técnicas iniciadas en los 90’ que lograron desarticular variadas organizaciones anti-capitalistas que luchaban desde los 80’ han tomado mayor visibilidad con la crisis global que atraviesa el neoliberalismo. Los sectores empobrecidos y sobre-explotados que han sostenido el “boom económico” dictatorial-concertacionista desde sus inicio, van mostrando un creciente descontento frente al modelo extractivista instaurado por el Estado chileno y grupos empresariales transnacionales. La respuesta no ha sido otra que la criminalización y el perfeccionamiento del dispositivo de seguridad(2).

Es en este escenario que se posicionan los diferentes montajes que han venido realizando los aparatos de seguridad del Estado. Estos, a su vez han servido con un doble objetivo; por un lado, generar una atmosfera de terror que inmovilice a la población y que en el mejor de los casos esta pida mayor seguridad; y por otro, justificar las modificaciones hacia una legislación más represiva.

 Las modificaciones a la ley anti-terrorista (o una crónica de la represión que se avecina)

El 8 de septiembre del 2014 ocurrió el recordado y bullicioso atentado terrorista en el Sub-Centro de la estación de metro Escuela Militar. Este atentado se diferenció de otro tipo de atentados ocurridos en esta región porque resultaron “civiles” heridos. Dada la gravedad del asunto, las autoridades políticas y policiales no tardaron en llegar, tampoco la prensa. La escena estaba preparada y los actores listos sólo quedaba comenzar con el acto final.

Este atentado cumple con los parámetros para crear un enemigo “interno”, un enemigo que rompe la idea de orden antes mencionada. El enemigo está identificado son los anarquistas, quienes atentarían con el modo de vivir que se articula en la ciudad; se hace necesario identificar sus prácticas con el fin de procurar que estas no se propaguen; los medios de (des)información no están ausentes y son de vital importancia en este entramado que busca reprimir a estos grupos.

represionA través del bombardeo mediático, el Estado y los grupos económicos caracterizan al “terrorista” asignándole rasgos ideológicos, buscando crear anticuerpos en una ciudadanía, que con nulo conocimiento de los ideales de estos grupos, no escatimará en tomar y exigir represalias, dando rienda suelta a lxs políticxs para enarbolar un clima de legitimidad que debe ser forjado a hierro y sangre. Para el gobierno -y en definitiva para el Estado- resulta imperioso modificar la legislación actual, endurecer y empadronar prácticas que desarticulen el modo de vida que ellxs quieren para el común de la población. Ante este clima exaltado, la modificación o mejoramiento de la ley antiterrorista cabe de cajón, pues es necesario reforzar la institucionalidad del Estado -que en los últimos años en la región chilena se ha visto mermada ante la nula capacidad de dar solución a las demandas de los sectores populares- reforzando el poder estatal.

Para tal misión, durante los últimos años el Estado chileno, y sus aparatos de seguridad, se han vistos atraídos por modelos extranjeros en su afán de perfeccionar su dispositivo represivo. Los EEUU y el Estado español resaltan principales referentes en esta profesionalización de la represión y de la escalada anti-anarquista. Es que el Capitalismo, entendido como fenómeno global, no escatimará en preservar su posición y su lugar como modelo sistémico de dominación, forzando leyes y aunando criterios en contra de quienes osen atacar sus cimientos.

La escalada de represión sin lugar a duda será más frecuente no solo en la región chilena, sino que a nivel global. En otras palabras, la avanzada del Capital está tomando todas las armas a su disposición para criminalizar a cualquier grupo o individuo y no lo hace únicamente dentro de las fronteras nacionales sino que va armando un aparataje con alcances mundiales.

La misión de esta arremetida en la región chilena ha sido encabezada por el Ministerio del Interior, quien coordina a los diferentes aparatos de seguridad del Estado chileno en conjunto con el Ministerio de Justicia. En su comienzo fueron Rodrigo Peñalillo y Juan Antonio Gómez, como los titulares de los mencionados ministerios, quienes impulsaron las modificaciones que actualmente se discute en el congreso. En este sentido, son significativas las palabras del ex-secretario de Interior al hablar de modificar la institucionalidad en pos de reforzar y endurecer las penas frente a los delitos terroristas:

“Junto al ministro de Justicia, entregamos el proyecto de ley que crea la nueva Ley Antiterrorista, que modifica la legislación actual, el que va en la línea que sea una ley eficaz, que persiga a los terroristas y que los sancione (…) Donde haya un acto terrorista, esta legislación va a estar presente”(3)

La nueva legislación antiterrorista, por cierto, tienen pretensiones de universalidad y la cooperación entre Estados es un paso crucial para fortalecer el poder de los aparatos represivos y darles alcances globales -todo Estado siempre busca la omnipresencia.

Llegados a este punto: ¿Cuáles son los puntos que se buscan modificar de la “Ley antiterrorista” heredada de la dictadura?

  • En primera instancia, se persigue una equiparación con estándares internacionales en las técnicas investigativas, ya incorporadas en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas y la Ley 19.913 sobre el Lavado y Blanqueo de Activos, lo que significa una agudización del enfoque represivo, al permitir relacionar cualquier conducta “base” para el terrorismo con una sanción más severa;
  • En tal sentido, se busca un aumento en las penas por este tipo de delitos, reforzando los aspectos relacionados con el porte y tenencia de armas, y destacándose la gravedad de la colocación de artefactos explosivos;
  • Por último, se pretende una reestructuración de los aparatos de inteligencia, siendo la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) quien se vería en mayor manera beneficiada. Esto implica entre otras cosas la profesionalización del agente encubierto;

Lo más peligroso, parecen ser estas nuevas capacidades que se le pretenden otorgar a las policías, que le permitirán infiltrarse en los grupos sospechosos y potencialmente peligrosos. La excusa de perseguir al terrorismo, en efecto, le entregará identidades e historias ficticias a personal policial, respaldadas por el Registro Civil. A su vez, se les otorga impunidad para cometer delitos y se les da la facultad de incentivar a otros a cometer ilicitos para posteriormente capturarlos.

Aunque, por supuesto, la búsqueda de esta legislación represiva no ha frenado los embates represivos. Varios casos han ocurrido en los últimos años y siguen amparándose en una táctica contrainsurgente criminalizadora de cualquier movimiento social.

La represión no se detiene…

En estos momentos el bullado bombazo en el metro Escuela militar comienza a mostrar sus efectos colaterales en la criminalización del movimiento social. En efecto, varios son los casos de montajes y criminalización llevados adelante por los aparatos de seguridad del Estado, nombraremos los últimos: el allanamiento de distintas facultades de la UAHC y las casas de 5 estudiantes -de la USACH, UARCIS y UAHC- como parte de la investigación respecto a los ataques al cuartel de la PDI del año pasado, arriesgando estos entre 5 a 20 años de cárcel; La aplicación de la nueva Ley de control de armas a 2 estudiantes de la UTEM acusándolos de hacerse parte de barricadas y ataques incendiarios contra Fuerzas especiales en las afuera de la toma de dicha casa de estudios; La invocación de Ley de seguridad interior del Estado en contra de trabajadores del Transantiago, que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales. A esto podemos sumar la continua criminalización y montajes en el Wallmapu y la militarización de este territorio.

Estos casos, y otros, nos muestran como los mecanismos de seguridad del Estado más allá de esperar las mencionadas modificaciones a la ley antiterrorista no detienen sus ataques al movimiento social ni dudan en realizar nuevos montajes. En efecto, el atentado contra la Escuela militar fue usado como escusa para reimpulsar la agenda antidelincuencia y retomar las modificaciones buscadas por la poco celebre Ley Hinzpeter. Un primer resultado fueron las modificaciones que se hicieron efectivas en la Ley de control de armas, que en estos momentos está siendo probada en el caso de los 2 estudiantes de la UTEM mencionados (4) .

A estas modificaciones, el Estado espera sumar cambios al código penal, la reforma a la Ley antiterrorista, con su mencionada dotación de mayores atribuciones a policías y mayores recursos a los aparatos de inteligencia. A su vez, que se añaden otros proyectos como la “Ley de control preventivo” que vendría siendo una forma de reinstalar la detención por sospecha dictatorial.

Conclusiones

En síntesis, el proceso actual de modificaciones a la legislación antiterrorista es una más de las medidas buscadas para perfeccionar los mecanismos de control. En la actualidad el modelo de dominación capitalista pasa por un nuevo ciclo de crisis, manifestado en diferentes puntos del planeta en recesiones y fuerte movilización social, y que no viene siendo más que el reflejo de los límites del modelo de acumulación capitalista impuesto por el neoliberalismo. Organismos internacionales como el FMI o la Troika no dudan en extorsionar y presionar a los Estados que se revelan a pagar sus deudas, como en Grecia, sin importar las consecuencias humanitarias que derivan de sus políticas económicas. Mientras variados Estados del mundo tienen negociaciones secretas para establecer acuerdos internacionales, como por ejemplo el TISA (siglas en ingles del Acuerdo internacional sobre comercio de servicios), que contienen cláusulas que solo benefician a las grandes corporaciones multinacionales.

Es posible notar, en efecto, como el capitalismo mundial busca reinventarse ante la crisis y establecer un nuevo orden mundial, que no esconde su pretensión de hacer retroceder cualquier legislación que otorgue “beneficios” para la gente común, aunque estos no sean más que migajas. En su nueva etapa, el modelo de dominación capitalista no esconde su deseo de volver a los tiempos del capitalismo salvaje e impulsa nuevas medidas represivas frente a los diferentes focos de protesta social que se han comenzado a levantar alrededor del mundo.

La reinversión represiva, que implica nuevas legislaciones para aumentar las penas contra lxs luchadorxs sociales también se acompaña por un intento sistemático por generar coordinaciones más fuertes entre los diferentes Estados para apresar y hostigar a cualquiera que cuestione el orden capitalista. Los montajes y medidas represivas en territorio del Estado chileno vienen hacer parte de un reajuste mundial en la búsqueda de la perpetuación del capitalismo como proyecto devorador del mundo. Así, las modificaciones y nuevas formas de represión son parte de un capitalismo que no se detiene frente al notado desgaste del mundo ante su paso. Cada vez parece ser más evidente lo irreversible del daño que genera la industria capitalista y la urgencia por tanto de detener su arrasador paso ante la amenaza de exterminio no solo de la especie humana sino de toda forma de vida en el planeta.

Samurai & Van Pilsen

Colectivo La Peste
Julio, 2015.
http://lapeste.org

Notas

(1) Véase más en http://lapeste.org/2015/04/14/la-produccion-de-la-figura-terroristica-ejercicio-de-flash-back-vintage

(2) Aunque también el reformismo lanzó su oferta y se posición –con el PC a la cabeza- dentro del aparataje estatal buscando impulsar pequeños ajuste que sin duda no tienen otro resultado que reacomodos al orden capitalismo, orden basado en el consenso de la domesticación ciudadana.

(3) Véase más en http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/11/674-603028-9-gobierno-envia-modificacion-a-ley-antiterrorista-que-contempla-agentes.shtml

(4) Véase más en: http://www.radiovillafrancia.cl/la-historia-de-cristobal-y-german-estudiantes-de-la-utem-en-prision-preventiva-por-la-nueva-ley-de-control-de-armas

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